El Supremo ha avalado la decisión adoptada por el TSJM, de anular más de medio centenar de artículos de la ordenanza de licencias urbanísticas en Madrid.

Lunes 30 diciembre 2013. En Sentencias, por Fernando Martín

Diario de Noticias, 27 Dic. 2013, Editorial LA LEY

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular más de medio centenar de artículos de la Ordenanza municipal por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

En concreto, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Consistorio de la capital contra la sentencia de la sección 2ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal madrileño que anuló 57 artículos de esta ordenanza, dando así la razón a la Asociación de Empresarios de espectáculos de Salas de Fiestas, Discotecas y Ocio, que la había recurrido.

Así, el Ayuntamiento entendía que en la sentencia del TSJM se había vulnerado el principio de autonomía local y denunciaba una infracción del artículo 31.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) en relación con su interpretación y sobre el concepto de prestación patrimonial pública.

«Pasando por eso a ocuparnos de dichas conclusiones, la que con mayor evidencia consideramos incorrecta es la que niega la prestación que ha de abonar el administrativo que solicita el servicio de la entidad carezca de la nota de coactividad», apunta el Supremo, en relación con las prestaciones patrimoniales públicas.

El Consistorio aducía también que la sentencia no tenía en cuenta que «el pago que se realiza ni cumple el requisito de tener una finalidad pública, ya que su función es retribuir una actuación particular o privada».

No obstante, el Supremo considera que la norma que «imponía a los empresarios la obligación de asumir el pago de una parte de las prestación prevista en el sistema de Seguridad Social en los casos de incapacidad laboral transitoria derivada de riesgos comunes, daba lugar a una prestación patrimonial de carácter público».

«Nos parece claro que aunque, el efecto, la retribución a la entidad colaboradora por el administrado que pretende obtener una licencia de actividad no ingrese en tesoro público alguno, sino en el haber particular de quien presta el servicio, esto no obsta que (…) su finalidad pública se nos aparezca con claridad», esgrime el Supremo.

Por otra parte, el alto tribunal indica que no cabe «ni apreciar una supuesta incongruencia interna por falta de referencia al tema competencial» ni tampoco «por incoherencia con los razonamientos de la sentencia». Por todo ello, ha impuesto las costas del proceso (con el límite de 5.000 euros por todos los conceptos) al Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otros, anuló artículos relativos a Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLUs), al sistema de acreditaciones, a las autorizaciones administrativas, a los procedimientos de concesión de licencia de actividades, a la supervisión y a los periodos transitorios, entre otras materias.

El fallo de 17 de febrero de 2011 indicaba que «la autonomía local es de naturaleza administrativa y no política», lo que implica que «sus competencias no son de legislación, potestad de la cual carecen, sino de mero gestor», por lo que toda normativa municipal queda supeditada a la legislación estatal o autonómica.

«La Ordenanza, si bien es una disposición general, no tiene rango formal suficiente para establecer este sistema», que «impone al particular que desee obtener una licencia el deber de contratar con una ECLU, a la que deberá pagar un precio por la emisión de un ‘certificado de conformidad’», señaló.-Informó Europa Press.

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