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Costas procesales. La petición genérica por parte de la acusación particular de una condena en costas implica la imposición todas las costas incluidas las causadas por ella y, todo ello, sin necesidad de acudir a la fórmula tradicional de “incluidas las de la acusación particular” | Otrosí


Martes 14 enero 2014. En Uncategorized, por Fernando Martín

Costas procesales. La petición genérica por parte de la acusación particular de una condena en costas implica la imposición todas las costas incluidas las causadas por ella y, todo ello, sin necesidad de acudir a la fórmula tradicional de “incluidas las de la acusación particular” | Otrosí.

Costas procesales. La petición genérica por parte de la acusación particular de una condena en costas implica la imposición todas las costas incluidas las causadas por ella y, todo ello, sin necesidad de acudir a la fórmula tradicional de “incluidas las de la acusación particular”

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal de 9 de Octubre de 2013, Recurso Nº: 10476/2013. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

La petición de la condena en costas formulada por una acusación particular implica inherentemente la inclusión de las mismas y ello porque es cosustancial a la solicitud global misma y, dado que la regla general es la inclusión, la petición genérica implica el acogimiento de esta premisa general.

FJCO TERCERO. – (…)  a) Que la acusación particular en contra de lo que afirma el recurrente sí que solicitó la condena en costas. Que no hiciese una mención específica a las ocasionadas por la acusación particular no tiene ninguna trascendencia: ni se la dio la Audiencia, ni había que dársela. La petición de una condena en costas en boca de una acusación particular no puede significar otra cosa: que solicita que se impongan todas las costas y entre ellas las causadas por esa acusación. Es absurdo pensar que quedaban excluidas las propias; como lo es imaginar que si el acusado no se opuso a ello fue por no deducirlo de la fórmula genérica del escrito de conclusiones; y como lo sería exigir para articular esa petición una fórmula ritual (“incluidas las causadas por esta acusación particular”) como si fuesen unas palabras sacramentales sin las cuales no podría considerar hecha una petición que, con naturalidad, si no se retuercen las cosas, está implícita naturalmente en la petición global e inespecífica de la condena en costas. Aunque efectivamente hay precedentes jurisprudenciales que invoca con erudición el recurrente (además de las SSTS 1784/2000, de 20 de enero ; 1845/2000 de 5 de diciembre ; 560/2002, de 28 de marzo ; 1571/2003 de 25 de noviembre ; 1455/2004 de 13 de diciembre y 449/2009 de 6 de mayo , que podrían abonar la tesis del recurrente, puede citarse la más cercana en el tiempo STS 774/2012, de 25 de octubre ), no puede refrendarse esa doctrina. La petición de condena en costas formulada por una acusación implica pedir la inclusión de las propias. Es inherente a la misma solicitud global. Y en todo caso, otro entendimiento llevaría a entender vulnerado el principio de rogación, pero no los arts. 123 y 124 CP que nada dicen sobre eso. Aquél principio (rogación) solo tiene alcance casacional cuando su quebrantamiento comporta infracción constitucional por menoscabo del derecho de defensa lo que no puede predicarse con seriedad de este asunto y por la vía del art. 849.1º solo cabe el debate sobre normas sustantivas. No es razonable imaginar que si el recurrente no protestó, fue por “ignorar” que no se reclamaba ese pago. Eso sería más bien una “ignorancia” o “silencio” estratégicos. Por eso no faltan precedentes, no menos abundantes, que apuntan en la dirección aquí sostenida: se aprecia petición suficiente cuando la acusación solicita una condena genérica en las costas (SSTS 560/2002, de 27 de marzo y 1351/2002, de 19 de julio ó 1247/2009, de 11 de diciembre). Si la regla general es la inclusión, la petición genérica implicará acogerse a esa premisa general (SSTS 37/2010, de 22 de enero; 57/2010, de 10 de febrero; 348/2004, de 18 de marzo ó 753/2002, de 26 de abril ó 348/2004 de 18 de marzo).




El Supremo ha avalado la decisión adoptada por el TSJM, de anular más de medio centenar de artículos de la ordenanza de licencias urbanísticas en Madrid.


Lunes 30 diciembre 2013. En Sentencias, por Fernando Martín

Diario de Noticias, 27 Dic. 2013, Editorial LA LEY

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular más de medio centenar de artículos de la Ordenanza municipal por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

En concreto, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Consistorio de la capital contra la sentencia de la sección 2ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal madrileño que anuló 57 artículos de esta ordenanza, dando así la razón a la Asociación de Empresarios de espectáculos de Salas de Fiestas, Discotecas y Ocio, que la había recurrido.

Así, el Ayuntamiento entendía que en la sentencia del TSJM se había vulnerado el principio de autonomía local y denunciaba una infracción del artículo 31.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) en relación con su interpretación y sobre el concepto de prestación patrimonial pública.

«Pasando por eso a ocuparnos de dichas conclusiones, la que con mayor evidencia consideramos incorrecta es la que niega la prestación que ha de abonar el administrativo que solicita el servicio de la entidad carezca de la nota de coactividad», apunta el Supremo, en relación con las prestaciones patrimoniales públicas.

El Consistorio aducía también que la sentencia no tenía en cuenta que «el pago que se realiza ni cumple el requisito de tener una finalidad pública, ya que su función es retribuir una actuación particular o privada».

No obstante, el Supremo considera que la norma que «imponía a los empresarios la obligación de asumir el pago de una parte de las prestación prevista en el sistema de Seguridad Social en los casos de incapacidad laboral transitoria derivada de riesgos comunes, daba lugar a una prestación patrimonial de carácter público».

«Nos parece claro que aunque, el efecto, la retribución a la entidad colaboradora por el administrado que pretende obtener una licencia de actividad no ingrese en tesoro público alguno, sino en el haber particular de quien presta el servicio, esto no obsta que (…) su finalidad pública se nos aparezca con claridad», esgrime el Supremo.

Por otra parte, el alto tribunal indica que no cabe «ni apreciar una supuesta incongruencia interna por falta de referencia al tema competencial» ni tampoco «por incoherencia con los razonamientos de la sentencia». Por todo ello, ha impuesto las costas del proceso (con el límite de 5.000 euros por todos los conceptos) al Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otros, anuló artículos relativos a Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLUs), al sistema de acreditaciones, a las autorizaciones administrativas, a los procedimientos de concesión de licencia de actividades, a la supervisión y a los periodos transitorios, entre otras materias.

El fallo de 17 de febrero de 2011 indicaba que «la autonomía local es de naturaleza administrativa y no política», lo que implica que «sus competencias no son de legislación, potestad de la cual carecen, sino de mero gestor», por lo que toda normativa municipal queda supeditada a la legislación estatal o autonómica.

«La Ordenanza, si bien es una disposición general, no tiene rango formal suficiente para establecer este sistema», que «impone al particular que desee obtener una licencia el deber de contratar con una ECLU, a la que deberá pagar un precio por la emisión de un ‘certificado de conformidad’», señaló.-Informó Europa Press.




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